Las comunidades gestionarán las ayudas de la casilla social del IRPF

Las comunidades gestionarán las ayudas de la casilla social del IRPF
Susías: “Me preocupa dónde irán a parar esos fondos si quedan en mano de las comunidades, con las carencias que hay en estos momentos”.

Susías, que considera “razonable” el reparto tal cual se hacía, sostiene que el dinero de la casilla para fines sociales debe ser complementario del resto de ayudas públicas. “Este dinero debe ser supletorio a los fondos públicos con los que se cubren carencias básicas; estos fondos deben dedicarse a otros programas de cohesión e inclusión social”
Fuente: EL PAÍS
Las comunidades autónomas gestionarán las ayudas recaudadas por la casilla destinada a fines sociales de la declaración de la renta. El Tribunal Supremo sentenció a mediados de diciembre que este dinero, el 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) -el contribuyente puede elegir si quiere destinarlo a fines sociales o a la Iglesia- se transferirá a las comunidades para que gestionen las ayudas que se derivan. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo da la razón a la Generalitat catalana, que reclamaba la gestión al tratarse de dinero destinado a fines sociales, una competencia autonómica. El Supremo sentencia que las autonomías, en “materia de asistencia social y actividad subvencional”, tienen “exclusividad” para la “distribución y control de las ayudas, aunque el Estado pueda determinar el montante”. La Generalitat dio a conocer ayer la sentencia.
Así, será el Gobierno central quien pueda fijar las condiciones para optar a los recursos derivados de la casilla social del IRPF, pero será cada comunidad la que determinará qué entidades gozan de la ayuda y se encargará de su control. La decisión del Supremo introduce el filtro de las autonomías en un proceso en el que, hasta ahora, el Estado regulaba, concedía y gestionaba las ayudas. El fallo reconoce la “capacidad de la Generalitat para gestionar las subvenciones para programas de cooperación y voluntariado sociales procedentes del IRPF”.
Según los últimos datos de los que dispone la Agencia Tributaria, de 2009 -los de 2010 se darán a conocer este trimestre-, la casilla de fines sociales reportó a las arcas 267 millones de euros. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad está estudiando la sentencia para estimar su posible aplicación o si cabe recurso. Al ser una sentencia del Supremo, el Gobierno solo puede presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional si considera que el fallo vulnera la Constitución. Un portavoz del ministerio matizó que, si se acata el fallo, Sanidad estudiará cómo ceder a todas las comunidades la gestión de la casilla para fines sociales, no solo a Cataluña.
La Generalitat recibió con alegría el fallo que le daba la razón. El consejero de Bienestar Social, Josep Lluís Cleries (CiU), expresó su satisfacción por la sentencia porque “respeta el autogobierno catalán”. “La Generalitat tiene competencias exclusivas en el ámbito de los servicios sociales, infancia, y voluntariado”, se reafirmó Cleries. El próximo paso, agregó, será ponerse en contacto con el ministerio para que la cesión del dinero recaudado sea efectiva ya en la próxima declaración de la renta.
La Generalitat esgrime que había desigualdades en el reparto que hacía el Gobierno central de las subvenciones. Según el consejero Cleries, la aportación de cada comunidad a la casilla social no se correspondía con el dinero que retornaba en forma de subvención. Así, en 2011, según datos de su departamento, los ciudadanos catalanes aportaron a fines sociales 49 millones al año y las entidades catalanas solo recibieron 29 millones por las aportaciones del año anterior a esta casilla.
Aunque la sentencia del Supremo, según reconoce la propia administración catalana, no obliga al Gobierno central a aportar a cada comunidad el dinero exacto que sumen las aportaciones sociales derivadas del IRPF que marquen sus ciudadanos. El Ejecutivo tendrá potestad para decidir qué cantidad corresponde a cada comunidad autónoma. La esperanza de la Generalitat, que con el fallo ve cumplida una reivindicación histórica, es que el nuevo sistema de concesión de subvenciones haga más transparente el proceso y permita visualizar las desigualdades.
Pero alguna asociación de ámbito estatal ve con preocupación el fallo del Supremo y su posible aplicación. Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, atisba algún problema, informa Carmen Morán: “Me preocupa dónde irán a parar esos fondos si quedan en mano de las comunidades, con las carencias que hay en estos momentos”.
Susías, que considera “razonable” el reparto tal cual se hacía, sostiene que el dinero de la casilla para fines sociales debe ser complementario del resto de ayudas públicas. “Este dinero debe ser supletorio a los fondos públicos con los que se cubren carencias básicas; estos fondos deben dedicarse a otros programas de cohesión e inclusión social”. Susías cree que hay riesgo de que “ni siquiera se saquen las convocatorias para estos proyectos. La gestión de estos fondos es importante, porque hay comunidades, como País Vasco y Navarra, que gestionan su IRPF y no sacan convocatoria para estos programas de apoyo a colectivos desfavorecidos”.
Juan de Dios Ramírez Heredia, vocal de la Plataforma de ONG de Acción Social, afirmó que no hay motivo para la alarma. Ramírez Heredia consideró que el Gobierno tiene base para presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional. “El Estado tiene unas competencias perfectamente reguladas en el artículo 149 de la Constitución y en base a este precepto el Gobierno de la nación puede regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes constitucionales”, argumentó. Aunque aceptó que Cataluña, al tener transferidos plenamente los servicios sociales, reclame el ejercicio de la competencia “con todas las consecuencias”. “Entiendo y comparto la alegría de quienes desde Cataluña creen que a partir de ahora las cosas serán diferentes en relación con el reparto de las subvenciones procedentes del IRPF, pero mucho me temo que esa alegría no tiene base jurídica suficiente para sostenerse”, apostilla. Los responsables de organizaciones como Cáritas o Cruz Roja, destinatarias de gran parte de estos fondos, no quisieron pronunciarse.
La Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña, que agrupa a más de 4.000 entidades de la comunidad, discreparon de estas dos visiones. En un comunicado, la mesa expresó su satisfacción y aseveró que la sentencia servirá para acabar con el “agravio histórico que sufre Cataluña en la distribución de estos recursos”.
Teresa Crespo, presidenta de la federación de Entidades Catalanas de Acción Social y del consejo asesor de Políticas Sociales del presidente de la Generalitat, también celebró la “buena noticia”. Crespo mantuvo que la solidaridad interterritorial evitará que haya lagunas en las ayudas y concretó que el modelo de gestión mejorará: “Con la distribución actual se beneficiaban mucho las grandes entidades. Las pequeñas entidades tendrán más oportunidades para llevar a cabo sus proyectos de proximidad”.
El Gobierno subvencionó más de un millar de programas de 405 entidades diferentes, según la convocatoria de 2010, la última con datos actualizados. Del total de aportaciones, las más numerosas sirvieron para financiar entidades que cuidan de personas mayores (28,98% de la aportación), personas con discapacidades (23%) y los programas relacionados con infancia y familia (10,38%). Desde 2007, la casilla del IRPF es del 0,7%. Ello ha multiplicado el dinero recaudado para fines sociales, que aumentó un 131% en siete años. De los 115 millones que se recaudaron en 2002 se pasó a los 267 millones correspondientes a la última convocatoria, de 2009.