Las ONG llama la atención sobre obstáculos a la atención sanitaria que implican incumplimientos del Real Decreto Entidades de Baleares identifican barreras de acceso al sistema público sanitario de personas vulnerables en la región Palma, 26 de marzo de 2013. Médicos del Mundo Baleares, Amnistía Internacional, el Ilustre Colegio de abogados de Baleares, Prosocial y EAPN han identificado situaciones que la vulneración de la normativa sanitaria vigente. A lo largo de los últimos meses, estas organizaciones vienen recogiendo diversos ejemplos y testimonios de personas que se han encontrado con trabas para el acceso a los sistemas públicos de salud. Las diferentes reuniones mantenidas con responsables de Conselleria de Salud, como las que han tenido lugar con el actual Conseller, Sr. Sansaloni como con el anterior responsables de esta consellería, Sr. Mesquida, han servido para conocer la sensibilidad de esta administración con el problema, reconocer problemas en la aplicación de la norma y transmitirnos su voluntad de solucionar los mismos. Sin embargo, y a pesar de lo anteriormente expuesto, cuando nos encontramos cerca de que se cumpla un año desde la publicación de la norma, nos encontramos con un funcionamiento incorrecto en numerosos centros de salud y hospitales, en los que se están emitiendo facturas a personas que debían ser atendidas conforme a la norma: embarazadas, menores y enfermos urgentes. Existe un problema grave de transmisión de información, que está provocando efectos indeseados por las partes en la población: disminución de las atenciones, cobros indebidos, agravamientos de estado de salud de personas enfermas, enfermos mentales no tratados y personas enfermas de enfermedades transmisibles sin tratamiento, todo ello por una inobservancia de lo establecido en el Real Decreto Ley 16/2012 y en los Criterios generales de aplicación de la Dirección General del Govern Balear. Por todo ello, y a pesar de la actitud colaborativa expresada por la Conselleria de Salud, estas entidades han decidido transmitirle al Molt Honorable President la situación, esperando poder acordar los siguientes puntos: 1. Informar fehacientemente a personal administrativo, sanitario y de facturación sobre los aspectos legales que implica el RD. En dicho documento informativo sería saludado un apercibimiento al funcionariado de Conselleria de Salud sobre las posibles consecuencias del incumplimiento de la norma; 2. Cumplimiento de la nueva norma, lo cual implicaría: a) que menores y embarazadas tengan un acceso rutinario a los servicios de atención sanitario público; b) explicitar que la atención urgente no genera factura. c) que los enfermos mentales sean tratados adecuadamente d) que las enfermedades infectocontagiosas recogidas en los criterios generales de aplicación del Servei de Salut del Govern Balear sean adecuadamente atendidas, propiciando la correspondiente inclusión en el sistema de gestión administrativo; 3. Problema de salud pública. La no observancia de estas demandas puede provocar, y así vamos intuyendo, un problema de salud pública, por contagios y propagación de nuevas enfermedades 4. La aplicación del Real decreto supone una vulneración de los estándares internacionales Tal como lo establece el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales quien prohíbe la regresividad en la aplicación de medidas que afectan a los derechos de los ciudadanos. Esta regresividad no puede ser nunca amparada en cuestiones económicas, como establece el propio Comité.